A primera hora de ayer llegaron hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema los abogados representantes de Cencosud, Walmart y SMU –ligada al controlador de GrupoCopesa, que edita PULSO- para los alegatos de la reclamación contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que en febrero de este año las condenó por prácticas anticompetitivas. En su fallo, el TDLC acogió el requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que se acusó a los supermercados de haber incurrido en una práctica concertada para fijar el precio de la carne fresca de pollo entre, al menos, los años 2008 y 2011.

Abrió los alegatos Lorena Pavic (Carey), en representación de Cencosud, quien solicitó a la Corte Suprema rechazar el requerimiento de la FNE ‘y que en subsidio se rebaje considerablemente la multa impuesta y se ajuste el programa de cumplimento ordenado, desechándose también la solicitud de ampliación de multa presentada en la declaración de la Fiscalía’. Cabe recordar que las empresas requeridas fueron condenadas al pago de multas a beneficio fiscal por un total de US$12,4 millones, de los que a Cencosud correspondieron cerca de US$5,1 millones, cifra que ya había sido rebajada respecto de los máximos legales solicitados por la FNE ante el TDLC y reclamados también ante el máximo tribunal.

La defensa de Cencosud acusó vicios y errores de apreciación en la sentencia del TDLC, dado que el caso se construyó sobre ‘un puñado de correos’ que correspondían a su juicio a ‘la punta del Iceberg’. Tesis similar presentó José Miguel Gana (Gana y Galvez), en representación de SMU, quien agregó que los supermercados ‘sufrieron los efectos de la colusión aguas arriba’, indicando que SMU fue una víctima de esa situación. La defensa de Walmart, a cargo de Nicole Nehme (FerradaNehme), fue tajante en afirmar que en las más de 15.000 fojas del expediente, no se logró acreditar la participación de la empresa en el ilícito y que por el contrario, al menos siete testigos que declararon en el caso, la excluyen de toda concertación.

En su turno, el jefe de la División de Litigios de la FNE, Víctor Santelices, insistió en que las multas fijadas por el TDLC no se condicen con la gravedad de la conducta, por lo que solicitó a la Corte Suprema aumentarlas al tope legal. Santelices también se hizo cargo de las críticas por no requerir a las avícolas y sostuvo que no se desconoce ese cartel, sino que uno era funcional al otro.

Por su parte, el abogado Mario Bravo, en representación de Conadecus y Odecu, solicitó a la Corte Suprema aumentar la multa impuesta e hizo un llamado a la Corte Suprema y a los actores del sistema de libre competencia en general, a considerar ‘las demandas sociales’ Ahora, la Tercera Sala analizará los antecedentes para emitir su juicio, lo que podría llevar algunos meses.